El boletín es una publicación quincenal, que tiene por objetivo presentar análisis de coyuntura respecto a las temáticas de interés del Grupo. Está estructurado en dos partes: Un artículo abocado a la reflexión sobre la seguridad regional y/o internacional, y un segundo artículo enfocado en la seguridad interna.
EL INCREMENTO DE LOS GASTOS EN DEFENSA DE LA UNASUR Y LA CARRERA ARMAMENTÍSTICA: EVALUACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL
Por Alexander Madrigal
La publicación preliminar del primer informe sobre los gastos en defensa de los doce países que hacen parte de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), hizo públicas cifras importantes que confirman la percepción internacional de la subregión como “zona de paz”, alejada de las visiones conspirativas o recelosas con los gobiernos de izquierda o de derecha, en torno a una supuesta “carrera armamentística” impulsada por los gobiernos de la región y patrocinada por potencias foráneas.
Según la Secretaría General de la UNASUR, las cifras preliminares del Registro Suramericano de Gastos en Defensa que “cubren el período 2006-2010, fueron presentadas según una matriz estandarizada, e incluyen todos los gastos relacionados con la Seguridad Exterior de la Nación, esto incluye: el Ministerio de Defensa, sus organismos dependientes, las Fuerzas Armadas y todo otro organismo del sector público cuya función sea la defensa del país frente a desafíos externos”[1].
Cabe anotar que el informe completo será entregado oficialmente en la reunión de junio del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) en Asunción (Paraguay), momento a partir del cual podría empezarse a plantear análisis cuantitativos y cualitativos precisos que permitan señalar nuevas tendencias.
Sin embargo, más allá de las previsibles controversias estadísticas[2], dos hechos importantes pueden ser desde ya destacados: el incremento del gasto regional en defensa y la desmitificación de la carrera armamentística. Cada hecho, exige una evaluación desde una perspectiva comparada externa (geopolítica) con el fin de evaluar las variables dependientes de la seguridad internacional, las cuales inciden sobre la dinámica subregional.
Respecto al primer aspecto, relativo al gasto en defensa, “mientras en el 2006 la región gastó casi 18.000 millones de dólares en defensa, cuatro años después, en el 2010, la cifra se elevó a casi 34.000 millones de dólares”[3], distribuido en sostenimiento del personal (58,7%), operaciones militares (23,5%), equipos, construcciones y entrenamiento (17,3%), así como investigación e inteligencia (0,5%), concentrando en las Fuerzas Militares el mayor rubro con un 43%, destinado al Ejército.
El incremento del gasto regional en defensa es palpable y cuestiona el concepto de paz en la región, dado que si bien Suramérica no presenta guerras interestatales -a pesar del mantenimiento de tensiones históricas (v.g. fronteras) o coyunturales (v.g. crimen trasnacional organizado)- presenta conflictos internos cuasi-endógenos o problemas de orden público, relacionados con particulares cuestiones políticas, económicas o sociales que son tratadas como asuntos de defensa (militarización) como por ejemplo, la utilización de los Ejércitos en temas como la lucha antinarcóticos o el control de la protesta social. Tal distorsión no puede verse como simple desliz de los gobiernos suramericanos, sino como consecuencia del tratamiento internacional de los problemas de seguridad de la postguerra fría, histórica e inadecuadamente asumidos por las potencias del mundo, lo cual repercute en la asunción de políticas públicas con énfasis en lo militar.
En segundo lugar, ha sido desmitificada la carrera armamentística que los países de la región habrían supuestamente iniciado (previendo, en su momento, escenarios de guerra), mediante el incremento de la compra de armamentos y la firma de convenios de cooperación militar con potencias externas. Como indicó la Secretaria General de UNASUR, María Emma Mejía: “El informe desmitifica esa carrera armamentista que los analistas han querido ponerle a Suramérica. Queda claro que la región está desnuclearizada y es una de las que tienen los niveles más bajos en adquisición de armamento”[4].
Ésta particular afirmación del informe, abre un amplio espectro de preguntas para análisis a posteriori, muchas quizás ambivalentes y en doble vía. Mientras a las potencias militares cabe interrogarles sobre qué han hecho por cumplir sus compromisos con el desarme global, la desnuclearización, el control de la criminalidad trasnacional, el cambio efectivo de la política antinarcóticos, el comercio legal e ilegal de armas, etc.; a los gobiernos de la UNASUR, también es preciso ponerlos frente al paredón cuando se evalúa el manejo que en los últimos meses han dado al manejo de la protesta social y la oposición, las relaciones “funcionales” con potencias que buscan ganancias con el comercio minero y armamentístico y, sobre todo, el lento avance de los procesos de integración regional.
En conclusión, el reciente informe sobre los gastos en defensa de la UNASUR, más allá de revelar un incremento del gasto concentrado en lo militar y la desmitificación de la supuesta carrera armamentística en la región, permite realizar una evaluación crítica de la seguridad suramericana desde una perspectiva global que amplía el horizonte de análisis, incluyendo el juego geoestratégico de potencias foráneas que afectan las dinámicas regionales de la seguridad.
[1] Registro de Gastos en Defensa es un paso fundamental en la consolidación de la confianza regional, en http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=639:registro-de-gastos-en-defensa-es-un-paso-fundamental-en-la-consolidacion-de-la-confianza-regional&catid=66:noticias-unasur, consultado el 10 de Mayo de 2012.
[2] No solo por los aspectos técnicos como la falibilidad de los métodos estadísticos o la metodología empleada, deben considerarse controversias que se suscitarán en torno a los gastos incluidos y sobre todo por la veracidad de la información entregada.
[3] “Unasur entregó informe sobre cuánto gasta la región en defensa”, en El Tiempo, Versión digital, disponible en http://www.eltiempo.com/politica/unasur-entrego-primer-informe-sobre-gasto-de-la-region-en-defensa_11778145-4, consultado el 11 de Mayo de 2012.
[4] Ídem.
SEGURIDAD INTERNA Y URBANA. COYUNTURAS ACTUALES.
Por Yudy X. Sánchez M.
El contexto de la seguridad en Colombia tuvo temas de relevancia nacional, que aportan al entender y si se quiere, dentro de un contexto de análisis sistemático y permanente, ofrece pautas y orientaciones hacia el mejoramiento integral y estructural de ella.
Dos temas en particular, tomaron especial importancia en los últimos quince días. Por un lado, la orientación que se le debe dar al conflicto armado, vía propuesta gubernamental del denominado Marco Legal para la Paz y que hace curso en el Congreso de la República; el cual tuvo matices, apoyos y críticas significativas de diferentes sectores, luego del secuestro por parte de las Farc del periodista francés Romeo Langlois, el pasado 28 de abril. Hecho que contrasta con su anuncio de ponerle fin al secuestro extorsivo. Aunque se sabe las circunstancias en que el periodista fue secuestrado, no se sabe por qué lo mantienen retenido ni cuándo será liberado.
Sectores afines al uribismo afirmaron que con ello, las Farc estaban demostrando que no les interesa cumplir con su palabra y que la única solución posible es la desmovilización de la guerrilla sin condiciones, a través del fortalecimiento de la acción militar institucional. El mismo expresidente afirmó que ese hecho afecta la moral de las tropas, reiterando nuevamente que las políticas de seguridad del actual gobierno se encuentran mal orientadas. Se refiere al marco legal para la paz, según él y también es la opinión de otros personajes públicos y columnistas, con ese proyecto se estaría dando paso a la impunidad, permitiendo espacios de incorporación a la vida civil y política a los guerrilleros sin mayor contraprestación, por medio de la propuesta de amnistía.
A su vez, surgieron otras propuestas, como la expresada por el Fiscal General, Eduardo Montealegre, de conceder indulto y amnistía condicionada a los actores del conflicto, que deseen reincorporarse a la vida civil. De aprobarse dicho proyecto de ley, afirma que es necesario que se contemplen esas formas jurídicas y adecuarlas al presente para alcanzar la paz en Colombia. Predomina conocer la verdad de los hechos del conflicto, permitir el acceso a la reparación de las víctimas por encima de la acción penal puntual a que hubiera lugar. Sin embargo, tiene la debilidad con que nace este tipo de ideas. La Constitución de 1991 sólo permite conceder amnistía por delitos políticos. Fue el mismo obstáculo que tuvo el anormal proceso de paz con los paramilitares del gobierno de Uribe.
Por su parte, en un intercambio epistolar entre la columnista María Jimena Duzan y el jefe guerrillero, alías Iván Márquez, en la que la primera le pregunta por cómo las Farc le estaban respondiendo al país en el tema del secuestro, tomando la vocería de una sociedad que exige el fin del conflicto armado en el país. A lo que el segundo responde de manera convencional, sin ninguna respuesta diferente a las tradicionales, con excepción de haber planteado la disposición de “firmar un tratado de regularización de la guerra”, bajo el entendido de pactar una salida política al conflicto. ¿Será que, con otros argumentos, estará pensando caminar en la misma dirección del actual gobierno, bajo el entendido de éste, del marco legal para la paz?
Lo que suceda en los próximos días frente al secuestro del periodista francés, determinará en gran medida, los pasos que de parte y parte, se den en tal sentido. Mientras tanto, se continúa en la línea del convencionalismo de un conflicto permanente, sin mayores altibajos. El Ministerio de Defensa presentó cifras sobre miembros de grupos ilegales dado de baja, capturados y reinsertados a la vida civil. Mientras tanto, se presentaron ataques guerrilleros a la fuerza pública en Tibú (Norte de Santander), Putumayo y Chocó.
Por otra parte, un tema que se mantuvo en la agenda política fue la paradoja de la seguridad urbana en Bogotá. El gobierno distrital presentó el balance de seguridad de los primeros cuatro meses del presente año. El resultado es positivo frente a la reducción del homicidio en cerca de un 18%, como consecuencia de la restricción al porte de armas en la ciudad. También se presentaron otros resultados positivos como la captura de integrantes de bandas que se dedican al expendio de armas y drogas.
Empero, el asesinato de un par de taxistas, sumado al atraco de unos deportistas en los cerros orientales, más otros hechos como los ataques con ácidos a mujeres, deja la sensación de que los robos y los atracos están en aumento, en consecuencia, provocan en la ciudadanía un crecimiento en la percepción de inseguridad en Bogotá.
Coincide con ello, la presentación del capítulo de seguridad del Plan de Desarrollo, Bogotá Humana, 2012 – 2015, al Concejo de Bogotá. Algunos críticos, expertos y cabildantes coinciden en afirmar que en cuanto a seguridad, Petro se está quedando corto. Y en buena parte tienen razón, las propuestas del borrador del Plan son los corrientes en cuanto a reducción de indicadores de inseguridad, más no tiene definidas medios y herramientas claras, que permitan realmente reducir la inseguridad en la ciudad.
El gobierno distrital se defiende diciendo que la esencia transversal de su plan de desarrollo es el desarrollo humano; por lo tanto, que la finalidad es la seguridad humana, y al lograr reducir la inequidad en otros indicadores sociales, seguro la seguridad en todo ámbito mejorará. Cabe afirmar, que en el transcurso de estos días, ha habido acciones y programas concretos del distrito encaminados en tal sentido, y que en corto plazo, se podrá ver sus resultados.
De todas formas, sería muy provechoso para la ciudad que el distrito tuviera una mayor dedicación y fortalecimiento de una política pública en seguridad ciudadana. La creación de la Secretaría de Seguridad, sería un buen escenario para aumentar esfuerzos estatales y coordinar las políticas sectoriales que se necesitan en seguridad para Bogotá.
Bogotá D.C., 14 de mayo de 2012.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA -GISDE- 